La autoridad federal afirmó que las protestas contra la ley de aguas podrían derivar en carpetas de investigación y sanciones penales. En un enfrentamiento con productores y transportistas en Chiapas, una funcionaria de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) alertó sobre posibles investigaciones penales relacionadas con los bloqueos en carreteras de la región. La autoridad refirió que tiene instrucciones precisas para recopilar evidencia del sit-in que protesta contra cambios en la legislación de aguas y contra la inseguridad en las vías terrestres. Durante la reunión, la funcionaria explicó que la orden desde niveles superiores es verificar las demandas y, en su caso, documentar la situación mediante fotografías y videos, requisito que los manifestantes rechazaron. Ellos advirtieron que existen carpetas de investigación abiertas en su contra, ante lo cual la representante gubernamental aseguró que esas acciones ya están en marcha en todo el país. La representante reconoció la existencia de una nueva normativa, pero subrayó que no es viable cerrar las carreteras sin consecuencias legales. Este tipo de acciones preventivas se sustentan en la Ley de Vías Generales de Comunicación, reformada en 2021, la cual contempla sanciones severas por alterar el tránsito y dañar la infraestructura vial. En particular, el artículo 533 establece penas que van desde tres meses hasta siete años de prisión y multas que pueden alcanzar los 56 mil pesos, dependiendo de la gravedad del delito. La legislación también contempla delitos específicos en el Código Penal Federal relativos a ataques a las vías de comunicación, con el fin de garantizar la seguridad en el transporte y la operación vial en todo el territorio nacional. Estos controles y sanciones reflejan la intención del gobierno de poner fin a las manifestaciones que interrumpen la circulación, especialmente cuando estas se acompañan de amenazas o daños materiales. La alerta de la
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