La Fiscalía de Campeche pidió información sobre medios y comunicadores, generando preocupaciones por la libertad de expresión y posibles actos de censura. En un hecho que ha suscitado preocupación en el ámbito periodístico, las autoridades de Campeche solicitaron a un medio local la entrega de información detallada sobre sus periodistas, editores y directivos, además de un listado de publicaciones que han abordado temas considerados críticos hacia la administración estatal. La solicitud fue realizada por la Fiscalía General del Estado en el contexto de una investigación judicial relacionada con acusaciones de calumnias, derivadas de denuncias particulares presentadas por la propia gobernadora de Campeche, Layda Sansores. La petición se presentó con un plazo de cinco días hábiles y condujo a advertencias sobre posibles sanciones por incumplimiento. Este acontecimiento se enmarca en una serie de incidentes que evidencian tensiones entre el poder político y los medios de comunicación en la región. La empresa de medios afectada emitió un comunicado rechazando el requerimiento, calificándolo como un intento de intimidación y censura que limita la libertad de expresión, un derecho protegido por la Constitución mexicana. La comunidad periodística y varias organizaciones de derechos humanos advirtieron sobre las implicaciones de dicha acción, recordando que el uso de mecanismos judiciales para silenciar voces críticas puede tener efectos negativos en la democracia local. Históricamente, el estado de Campeche ha tenido episodios en los que periodistas críticos enfrentan obstáculos para ejercer su labor, incluyendo casos anteriores vinculados a denuncias legales y restricciones de información. La situación actual refuerza la necesidad de que las autoridades municipales y estatales garantizan un entorno seguro e independiente para los medios, enfatizando que ningún poder debe usar la ley como herramienta de censura o intimidación.
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