La Fiscalía estatal ha detenido a cientos de agentes por proteger grupos criminales y colusión con carteles en diversas regiones del estado. Desde la llegada de la actual administración en Chiapas en diciembre del año pasado, las autoridades han implementado operativos para limpiar y fortalecer los cuerpos policiales, enfocados en combatir la infiltración del crimen organizado en las instituciones de seguridad pública. Hasta octubre de 2025, se han detenido a más de 590 funcionarios, en su mayoría policías municipales, por presuntos vínculos con redes delictivas que operan en distintas regiones del estado. Entre los casos más destacados se encuentra la captura de 16 oficiales en Chilón, acusados de bloquear una operación judicial para liberar a un detenido por delitos relacionados con actividades de pandillas y agresiones a infraestructuras de comunicación. Asimismo, en Comitán de Domínguez, 93 servidores públicos fueron arrestados por obstruir una acción contra extorsionadores, evidenciando un patrón de complicidad que ha dificultado los esfuerzos por mejorar la seguridad. La preocupación por la cercanía entre delincuencia y autoridad ha sido expresada por expertos y dirigentes locales, quienes advierten que en varias comunidades, incluyendo Frontera Comalapa y el Soconusco, los vínculos con organizaciones criminales son profundos, llegando incluso a que algunos alcaldes formen parte de grupos delictivos. Esta situación genera dudas sobre la integridad de los mandos policiales y el reto que representa erradicar la corrupción y la colusión en la seguridad pública. Históricamente, Chiapas ha sido escenario de violencia exacerbada por diferentes carteles y grupos armados, así como por el uso de las fuerzas policiales en alianzas con actores criminales. La reciente ola de detenciones refleja un esfuerzo por desmantelar estas redes, aunque muchos agentes todavía enfrentan procesos judiciales o permanecen en libertad, condicionados a investigaciones adicionales. La lucha
