La violencia persiste en la región, poniendo en riesgo activistas y dejando un legado de impunidad en la lucha social. En Chiapas, la violencia contra defensores de derechos humanos ha alcanzado niveles alarmantes, demostrando la fragilidad de la protección para quienes luchan por la justicia social en la región. El asesinato del padre Marcelo Pérez Pérez, parroco y activista, ocurrido tras una misa en San Cristóbal de Las Casas, es solo uno de los múltiples casos que evidencian un contexto de peligrosidad extrema para los defensores y activistas que denuncian abusos y promueven cambios sociales. Desde 2015, Marcelo había recibido constantes amenazas debido a sus denuncias sobre la venta de drogas, prostitución y explotación infantil en su comunidad. Su trágico fallecimiento se suma a una lista de al menos 93 ejecuciones extrajudiciales en Oaxaca y Chiapas en los últimos años, según registros de organizaciones civiles. La crisis de seguridad en la región se ha profundizado durante los gobiernos recientes, caracterizados por una narrativa de supuesta paz que contrasta con el aumento de grupos armados, desapariciones y desplazamientos forzados. Expertos advierten que la impunidad y la complicidad institucional hacen que la protección a defensores siga siendo una asignatura pendiente, lo que favorece la continuidad de un ciclo de violencia que afecta a comunidades enteras y silencia a quienes intentan alzar la voz. La situación refleja un panorama de crisis institucional y social que requiere atención urgente para evitar mayor devastación y pérdida de vidas activistas.
Sábado, 9 de mayo de 2026
