La justicia federal frenó la obligación de proporcionar datos biométricos para la nueva cédula de identidad en varios estados del país, incluyendo Chihuahua. Un juez federal en Chihuahua otorgó suspensiones definitivas a 15 integrantes de una organización civil que agrupa a familias de la región. La resolución impide que sean obligados a suministrar datos biométricos y sensibles para completar la nueva Cédula Única de Registro de Población, conocida como CURP biométrica, que busca convertirse en un documento de identidad nacional obligatorio en México. Este fallo se suma a otros emitidos en diferentes estados, donde la justicia ha suspendido de manera provisional o definitiva la implementación total de este sistema de identificación. Es importante contextualizar que, desde hace tiempo, diversas organizaciones y expertos han expresado su preocupación por la centralización de información biométrica y sus posibles implicaciones en derechos fundamentales, como la privacidad y la libertad personal. La integración de huellas digitales, fotografía y otros datos en una plataforma única busca optimizar trámites administrativos, pero también ha generado debates acerca del manejo y la protección de esta información sensible. El Gobierno Federal ha adelantado que la fase de instalación y recopilación se realizará de manera gradual, y que para febrero de 2026 la emisión de la CURP en sus versiones física y digital será mandatory para la realización de trámites públicos y privados en todo el país. Sin embargo, las órdenes judiciales en estados como Chihuahua reflejan la resistencia y los cuestionamientos legal y social sobre cómo se gestiona y regula el uso de los datos biométricos. La existencia de estos amparos evidencia la tensión entre la modernización de los registros civiles y la protección de derechos individuales, un debate que seguirá vigente mientras la implementación de la CURP biométrica avanza en México.
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