El alcalde de Chihuahua advierte sobre riesgos a las tradiciones agrícolas y la posible proliferación de pozos irregulares por restricciones en derechos de agua. La reciente reforma en las políticas de agua en México ha generado preocupación entre los productores agrícolas de Chihuahua y otras regiones. La modificación establece que los derechos de concesión, que actualmente varían entre cinco y treinta años, podrán ser revisados y ajustados cada dos años, permitiendo a las autoridades reducir volúmenes o terminar concesiones de manera unilateral bajo criterios de responsabilidad hídrica y fiscal. Este cambio podría afectar directamente actividades tradicionales como la agricultura en huertos de manzana, nogal, durazno, además del cultivo de algodón, chile y cebolla, que dependen del uso continuo de agua de pozo. El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, ha destacado que la prohibición total de transferir derechos de agua, incluso entre familiares, podría dejar a muchas parcelas sin riego y poner en riesgo décadas de producción. Bonilla advirtió que esta medida puede motivar la creación de pozos clandestinos y gestiones discrecionales ante las autoridades, lo que incrementaría los riesgos de corrupción y pobreza en el sector rural. La situación revela la importancia de que la discusión sobre la ley trascienda los intereses partidistas, priorizando el bienestar del campo mexicano, fundamental para la economía y la seguridad alimentaria del país. Es fundamental entender que las reformas en la gestión del agua deben equilibrar la sustentabilidad con el respaldo a quienes mantienen activa la tradición agrícola en México. La protección de las actividades rurales garantiza la conservación de tradiciones y el desarrollo económico regional, además de afrontar los desafíos del cambio climático y la escasez hídrica.
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