Productores y transportistas del país mantienen alerta en defensa de propuestas clave en la legislación sobre el uso del recurso hídrico, ante la posible omisión en el dictamen final. La discusión legislativa sobre la nueva Ley General de Aguas ha generado preocupación en sectores productivos y de transporte en México. Mientras los diputados avanzan en el análisis de la iniciativa, productores agrícolas de varias regiones han manifestado su intención de movilizarse si sus propuestas no son incluidas en el texto final. Entre los aspectos que aún están en debate, se encuentran el reconocimiento formal de ciertos títulos de propiedad de agua y la creación de una veda temporal que prohíba la perforación de nuevos pozos en zonas de acuíferos en niveles críticos, principalmente en Chihuahua. La falta de decisiones definitivas ha motivado que algunos productores hayan movilizado maquinaria agrícola hacia la frontera chihuahuense, permaneciendo en espera de un resultado favorable o una intervención legislativa que tome en cuenta sus demandas. Por otro lado, el sector transportista igualmente ha expresado su disposición a protestar si no se consideran sus aportaciones, ya que defienden el acceso equitativo al agua, fundamental para sus operaciones y la economía rural. La alianza entre campesinos y transportistas refuerza la percepción de que la legislación puede impactar directamente en la disponibilidad de recursos hídricos para el campo, además de ser un tema de relevancia social y ambiental. Por su parte, las autoridades legislativas continúan con el proceso de dictaminación, con la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, la diputada Kenia López, enviando el proyecto a la Comisión de Recursos Hidráulicos, que será la encargada de definir los cambios definitivos. La expectativa es que las modificaciones más de 50 propuestas realizadas por diversos sectores sean integradas en los próximos días para evitar un impacto negativo en la gobernabilidad del agua en México.
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