La Fiscalía General de la República vincula a proceso a Duarte por presunto lavado de cerca de 74 millones de pesos públicos; su situación genera tensión en México y Chihuahua. Un importante avance en derechos jurídicos tuvo lugar en el caso del exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, quien será recluido en el Penal de Máxima Seguridad del Altiplano por al menos seis meses. La vinculación a proceso responde a una acusación por el presunto lavado de 73.9 millones de pesos provenientes de recursos públicos destinados a programas ganaderos, fondos que, según la Fiscalía General de la República, terminaron en cuentas personales, familiares y en empresas en las que Duarte era accionista mayoritario. Este proceso diversifica las investigaciones en torno a figuras políticas y exfuncionarios vinculados con Duarte, quienes serán llamados a declarar en las próximas semanas, ampliando la narrativa de una posible red de corrupción que involucra actores políticos y sociales en Chihuahua. La decisión judicial refleja el impacto de la lucha contra la impunidad en el país, en momentos donde el entramado del poder y las prácticas ilícitas continúan revelándose. Es relevante recordar que Duarte ya cumplió cinco años en prisión, algunas en cárceles de Estados Unidos y Chihuahua, en un contexto que ha mostrado los esfuerzos por contrastar hechos ilícitos en escenarios tanto locales como internacionales. La imagen del exgobernador evocando una posible defensa y sus acusaciones directas contra expresidentes y funcionarios subrayan la magnitud del conflicto y la lucha por esclarecer responsabilidades. El caso se enmarca en una tendencia creciente de judicialización de la corrupción en México, donde la fiscalía ha reforzado sus acciones para obtener justicia en casos emblemáticos que han tenido impacto en la política nacional. La atención aparece ahora centrada en la posible apertura de nuevas líneas de investigación que, además del lavado, incluyen delitos como soborno y uso facci
Miércoles, 13 de mayo de 2026
