La justicia avanza en el caso del exgobernador, quien enfrenta cargos relacionados con presunta corrupción y lavado de dinero desde su reclución en el penal del Altiplano. César Duarte Jáquez, presidente de Chihuahua entre 2010 y 2016, fue formalmente vinculado a proceso por el delito de uso de recursos de procedencia ilícita, en un caso que se integra a las investigaciones por corrupción durante su administración. La audiencia, realizada de manera remota desde el penal del Altiplano en el Estado de México, tuvo lugar el domingo 14 de diciembre y marca un paso significativo en las investigaciones en curso. El exgobernador fue reaprehendido el 8 de diciembre de 2025 tras múltiples acusaciones. La fiscalía lo señala por su presunta participación en operaciones financieras irregulares relacionadas con un expediente federal, que involucra la canalización de aproximadamente 76 millones de pesos públicos mediante empresas del sector ganadero. La fiscalía y la defensa aún presentan evidencias para sustentar sus posiciones, en línea con los procedimientos legales correspondientes. El caso de Duarte se enmarca en una serie de procesos judiciales derivados de su gestión, en los que previamente enfrentó acusaciones por delitos como peculado y asociación delictuosa, tras su arresto en Miami en julio de 2020 y su extradición en 2022. Desde entonces, ha estado en libertad condicional con monitoreo electrónico, a la espera de resoluciones judiciales finales. Este proceso refleja la creciente efforts del sistema judicial mexicano por esclarecer delitos de corrupción en altos cargos públicos. El combate a la corrupción sigue siendo una de las prioridades del gobierno federal, reforzando la transparencia y el estado de derecho en la administración pública. El caso de Duarte no solo impacta en la lucha contra la corrupción en Chihuahua, sino que también Envía un mensaje claro sobre la voluntad de investigar y sancionar a funcionarios que hayan utilizado recursos públicos de manera ilí
Sábado, 9 de mayo de 2026
