La aprobación del presupuesto estatal con ausencias sospechosas y un ataque mortal al sur del estado reflejan un escenario de tensión política y inseguridad creciente. El estado de Chihuahua atraviesa una fase de intensa confrontación política y social, marcada por hechos que evidencian su crisis institucional y de seguridad. A pesar de la oposición del sector empresarial, la Cámara de Diputados aprobó un presupuesto estatal que generó controversia por la ausencia de dos diputadas del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), quienes se ausentaron en un momento decisivo, alimentando sospechas sobre posibles negociaciones o desconexiones internas. Este episodio se enmarca en un escenario donde la pugna por recursos presupuestales se ha convertido en un campo de batalla, no solo en la arena legislativa, sino también en los niveles nacionales, involucrando a dirigentes morenistas como Luisa María Alcalde Luján y Ariadna Montiel, quienes han manifestado públicamente su rechazo a la postura del gobierno estatal liderado por Maru Campos. La estrategia de ausentarse o votar en contra, ha evidenciado fracturas internas y posibles alianzas encubiertas con el sector opositor, en un contexto en que algunas diputadas han sido hostigadas o incluso se han distanciado de su bancada original. Simultáneamente, la violencia en la región ha escalado, con un ataque en la zona de Parral – Santa Bárbara que dejó múltiples heridos y dos agentes estatales muertos, en un claro mensaje de la presencia del narcotráfico y su capacidad de arrebatar la tranquilidad pública. Estos hechos no solo reflejan la fragilidad de las capacidades de seguridad, sino que sitúan al estado como un escenario en el que la criminalidad y las disputas políticas se entrelazan en un ciclo de deterioro que pone en riesgo a la población y pone en entredicho la autoridad de las instituciones. El contexto de estas tensiones se amplía a la relación entre los poderes y los intereses económicos, donde la postura del secto
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