El proyecto, impulsado por la gobernadora Maru Campos, busca establecer criterios para otorgar indultos a personas con condiciones específicas, excluyendo delitos graves. El Congreso de Chihuahua tiene previsto votar este martes la propuesta de Ley de Indulto, que busca regular la potestad del Ejecutivo para conceder beneficios de libertad en casos particulares. La iniciativa, promovida por la gobernadora Maru Campos, pretende modificar y derogar ciertas disposiciones del Código Penal para crear un marco que permita el otorgamiento del indulto en circunstancias específicas. El proceso legislativo fue aplazado por un día, tras una petición del coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, quien solicitó mayor tiempo para analizar reservas y posibles modificaciones. La propuesta contempla que los mandatorios estatales puedan conceder el indulto a condenados por delitos no graves, con especial atención a aquellos en condiciones vulnerables, como menores de 14 años, personas con enfermedades crónicas o en fase terminal, y mayores de 70 años. Para la aprobación, se establecerá un proceso que incluye reportes de las autoridades penitenciarias, valorando la reinserción social y el riesgo para la comunidad. Además, un comité técnico, integrado por diversas dependencias estatales, evaluará cada caso y dictaminará la viabilidad del beneficio. La ley también especifica que quienes hayan sido condenados por delitos graves como feminicidio, secuestro o corrupción, no podrán solicitar el indulto. Es importante contextualizar que este tipo de propuestas refleja una tendencia en varias administraciones de buscar mecanismos que fomenten la reinserción social y atiendan a derechos humanos, siempre dentro de un marco que garantice la seguridad pública. La discusión en Chihuahua busca equilibrar la justicia con la sensibilidad social en casos particulares.
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