La iniciativa busca sancionar con cárcel y multas las llamadas maliciosas que afectan la eficiencia del sistema de emergencias en el estado. Recientemente, la legislatura del estado de Chihuahua avanzó en la creación de una normativa que penaliza las llamadas falsas a los servicios de emergencia. La propuesta contempla la adición del Artículo 307 Bis al Código Penal local, estableciendo sanciones entre seis y doce meses de prisión, además de multas que pueden alcanzar hasta 45 mil pesos. Esta iniciativa surge a raíz de datos que revelan que, en lo que va del año, más de la mitad de las llamadas recibidas en el sistema 911 han sido improcedentes, en su mayoría bromas o distractores. En la capital, Chihuahua, la Dirección de Seguridad Pública recibe aproximadamente 40 mil llamadas mensuales, de las cuales alrededor del 60% no corresponden a emergencias reales, generando una carga innecesaria para los operadores y poniendo en riesgo la atención a casos legítimos. Expertos y autoridades coinciden en que estas acciones socavan la confianza en los sistemas de respuesta rápida y dilatan la atención a quienes realmente requieren ayuda urgente. La normativa busca disuadir estas conductas, especialmente cuando las llamadas provocan movilizaciones indebidas que afectan bienes y servicios públicos o generan lesiones o daños a particulares. La nueva ley entrará en vigor un día después de su publicación oficial y reforzará la protección de los recursos destinados a emergencias en la región.
