La captura de Duarte Jáquez y el compromiso de la Fiscalía muestran que la voluntad política puede llevar a la justicia, aun en casos complejos de corrupción. Un grupo de doce legisladores de Morena en Chihuahua expresó su respaldo a las acciones legales en contra del exgobernador César Duarte Jáquez, tras la orden de aprehensión vigente en su contra. La fiscalía federal cumplimentó la detención en la zona de Jardines de San Francisco, en Chihuahua, en un proceso que forma parte de una serie de investigaciones en su contra por delitos relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita. La implicación de Duarte Jáquez está respaldada por un expediente que incluye 18 causas penales tanto a nivel estatal como federal, reflejando un historial de presuntas irregularidades que afectan el patrimonio público. La denuncia pública busca acelerar el proceso y garantizar que las investigaciones sean transparentes y exhaustivas, con el fin de determinar la responsabilidad del exgobernador. El legislador José Estrada Sotelo solicitó a la nueva fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, que priorice estas investigaciones y que, en caso de encontrar culpabilidad, se impongan sanciones ejemplares. Aseguró que una justicia firme puede ser una señal clara de que la corrupción y la impunidad no están fuera del alcance del Estado de Derecho. Además, criticó la conducta de Duarte Jáquez después de modificar sus medidas cautelares, señalando que su comportamiento en lugares públicos denota una actitud de burla y desprecio hacia las instituciones. Esta acción refuerza la idea de que con voluntad política y determinación, incluso casos arraigados en la historia política pueden avanzar hacia la resolución. La lucha contra la corrupción en Chihuahua se convierte en un ejemplo de que el compromiso institucional puede tener impactos concretos en la rendición de cuentas y la democratización del poder público. En un contexto más amplio, estos esfuerzos se inscriben en el
