Legisladores y activistas advierten que la escasez de fármacos afecta la salud y el patrimonio de las familias mexicanas, exigiendo soluciones urgentes. En Chihuahua, un grupo de representantes políticos y defensores de derechos sociales expresó su preocupación ante la persistente crisis de suministro de medicamentos en el país. La propuesta legislativa impulsada por el senador Agustín Dorantes busca obligar al IMSS y al ISSSTE a reembolsar a los derechohabientes que adquieren medicamentos en farmacias privadas debido a la insuficiencia en el stock del sistema público. La iniciativa también contempla que, en caso de agotarse los recursos asignados, estos institutos puedan solicitar fondos adicionales a la Secretaría de Hacienda para garantizar el acceso a tratamientos. Además, establecerían un mecanismo para la devolución en un plazo máximo de 60 días naturales desde la entrada en vigor de la ley. Este movimiento surge en un contexto donde, según datos del IMSS, aproximadamente 11 millones de unidades médicas no fueron suministradas en 2024, evidenciando una grave crisis de abastecimiento. La escasez ha provocado la muerte de pacientes que no recibieron atención oportuna, pese a que el gobierno asegura una disponibilidad del 90% en medicamentos. Los críticos señalan que, en contraste, el presupuesto destinado a salud se ha reducido en un 4% para el próximo año, pese del crecimiento en la población derechohabiente, lo que agrava la situación y pone en riesgo la vida de miles. Durante una manifestación en apoyo a la iniciativa, activistas colocaron en la calle varias cajas simulando ser medicamentos, con mensajes que denuncian la gravedad del problema y llaman a la conciencia social. La crisis de medicamentos ha sido definida por expertos como una problemática estructural del sistema de salud mexicano, con implicaciones que vulneran los derechos fundamentales y la estabilidad económica de las familias.
Miércoles, 13 de mayo de 2026
