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Chihuahua

Jueza María Jazmín Ambriz López definirá proceso contra Duarte

La magistrada María Jazmín Ambriz López definirá si vinculará a proceso a César Duarte, en un caso que combina aspectos legales internos y obligaciones internacionales.

Por Redacción1 min de lectura
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La magistrada, con amplia experiencia, será la encargada de determinar la posible vinculación a proceso del exgobernador en un caso que genera controversia legal y diplomática. El próximo capítulo en el proceso judicial contra el exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, será definido por la magistrada María Jazmín Ambriz López, quien fue seleccionada en las elecciones del 1 de junio de 2025 como parte del proceso de elección de jueces y magistrados en México. Con 39 años y una trayectoria que abarca más de una década en el sistema judicial, la jueza posee una formación sólida en derecho penal, constitucional y procedural, respaldada por estudios en la Universidad Nacional Autónoma de México y especializaciones en tribunales y sistemas acusatorios. Desde sus primeros cargos en el Estado de México, Ambriz López ha acumulado experiencia como secretaria de acuerdos, jefa de causa y secretaria proyectista en tribunales de apelación y juzgados penales. Actualmente, su responsabilidad es evaluar la existencia de elementos probatorios suficientes para liberar o vincular a proceso al exmandatario, acusado por la Fiscalía General de la República por delitos relacionados con lavado de dinero tras su aprehensión en Chihuahua. El caso se ha visto envuelto en controversia debido a las implicaciones legales y diplomáticas, ya que la defensa ha argumentado que un tratado internacional prohíbe juzgar a Duarte por delitos distintos a los señalados en su proceso de extradición. La decisión de la magistrada será crucial, no solo en términos judiciales, sino también en el contexto de la lucha contra la corrupción en México y las implicaciones diplomáticas derivadas de la cooperación internacional. Este escenario refleja la relevancia de que la justicia mexicana permanezca firme y transparente frente a casos de alta repercusión pública, donde el respeto a los procesos legales y las obligaciones internacionales son clave para preservar la credibilidad del sistema judicial nacional.

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