La reforma legal podría evitar que más de 600 sentenciados en varias entidades permanezcan en prisión, lo que genera debate sobre justicia y seguridad. Una modificación en la legislación contra la extorsión en México podría permitir la salida inmediata de aproximadamente 90 personas en Chihuahua, además de afectar a otros estados como Baja California, Morelos y Quintana Roo. La reforma, basada en el artículo 15 de la Ley General, establece que quienes hayan cumplido al menos 15 años en prisión podrían solicitar su libertad si la ley entra en vigor sin cambios. Esta disposición se aplica retroactivamente, lo que ha generado preocupación en diversos sectores. El análisis revela que, en total, al menos 600 sentenciados en dichas entidades podrían beneficiarse, lo que plantea un escenario ambivalente: por un lado, la oportunidad de justicia para quienes ya han cumplido con los años de condena; por otro, el temor a que ello facilite la liberación de personas vinculadas a actividades delictivas. La legislación contempla agravantes que aumentan las penas, pero en estados con penalidades superiores, estas se reducirían, favoreciendo a determinados procesados. En un contexto más amplio, la propuesta de reforma busca equilibrar la justicia y la seguridad ciudadana. Sin embargo, algunos legisladores critican que las recientes modificaciones favorecen a individuos con vínculos con grupos criminales, como en el caso del exfuncionario Hernán Bermúdez Requena, relacionado con delitos de extorsión y robo de combustible. Para abordar estas inquietudes, próximamente se promoverá una controversia legal, y se intensifican los debates sobre la pertinencia de los cambios legislativos en materia de extorsión y seguridad.
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