Productores y autoridades alertan sobre los riesgos de una reforma que podría limitar el acceso al agua en zonas agrícolas y rurales del estado. La propuesta de modificación a la Ley General de Aguas ha suscitado fuertes críticas en Chihuahua, donde productores rurales consideran que su implementación pone en peligro la seguridad hídrica y la subsistencia del sector agrícola. La legislación, diseñada en ámbitos nacionales, busca regular el uso del recurso en un contexto de crisis de sequías que azota diversas regiones del estado. Sin embargo, expertos y comunitarios opinan que la reforma podría restringir significativamente el acceso al agua para actividades de riego y producción ganadera, agravando la vulnerabilidad de las familias que dependen del campo para su sustento. En el estado, las condiciones climáticas extremas han provocado altas tasas de sequía en los últimos años, afectando cultivos y ganado, y poniendo en evidencia la necesidad de políticas que apoyen a los agricultores. La administración local ha impulsado programas de apoyo, como la instalación de paneles solares en comunidades rurales y esquemas de ayudas alimentarias y semillas, para fortalecer la resiliencia del sector. Sin embargo, el impacto de la ley nacional podría contrarrestar estos esfuerzos, ya que plantea limitaciones y sanciones para quienes poseen recursos hídricos en sus comunidades, como norias o pipas de agua. Además, las organizaciones agrícolas advierten que, de aprobarse la reforma, los productores podrían ser criminalizados por el uso del agua, lo que profundiza la crisis social y económica en la región. La oposición señala que el cambio legislativo pasa por alto las condiciones de sequía severa que enfrentan los agricultores, quienes han demostrado su capacidad de adaptación mediante diversas tecnologías y apoyo institucional. Es fundamental que las autoridades federales reconsideren estos alcances para evitar un daño aún mayor a una de las regiones más vulnerables del país.
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