La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, se presentó el 27 de mayo ante la Fiscalía General de la República en la Ciudad de México. Su comparecencia se inscribe dentro de una investigación relacionada con la supuesta implicación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia en un operativo antinarcóticos en la Sierra Tarahumara, llevado a cabo sin autorización del Gobierno Federal.
Al llegar, Campos Galván alegó que su citación como “testigo” tenía el objetivo encubierto de convertirla en inculpada. Expresó que su administración siempre ha colaborado con las autoridades federales y calificó de injusto el uso que se le está dando a estas instituciones. La mandataria argumentó que ha actuado conforme a la ley y que la situación responde a un interés político.
El origen del caso data de abril de 2026, cuando se desmanteló un narcolaboratorio en El Pinal, Chihuahua. En este operativo, perdieron la vida dos agentes de la CIA y oficiales locales tras un accidente. La falta de notificación al Gobierno Federal desató una crisis diplomática y política, lo que complicó aún más la situación para Campos Galván.
La Secretaría de Gobernación indicó que el citatorio no implica acusaciones formales y negó motivaciones políticas detrás del proceso. Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo exigió respuestas a la embajada de Estados Unidos sobre la presencia no autorizada de agentes en el país, acusando a la gobernadora de poner en riesgo la soberanía nacional.
Acompañada por líderes del Partido Acción Nacional, Campos Galván reiteró su intención de enfrentar la situación con dignidad y destacó un clima de autoritarismo bajo el actual régimen. Enfrenta además un segundo proceso legal, tras recibir un citatorio por una denuncia de secuestro interpuesta en su contra, lo que añade presión a su ya compleja situación política.
Con información de zetatijuana.com