La nueva legislación fue avalada por mayoría en el Congreso, pese a infringir derechos constitucionales y sin participación previa de los afectados, generando polémica. El pasado 3 de noviembre, la Cámara de Diputados aprobó una ley sobre gestión de recursos hídricos con una votación mayoritaria de 328 a favor frente a 131 en contra. La legislación, impulsada por el gobierno federal, ha sido objeto de críticas por omitir la consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas, lo cual contraviene lo establecido en el Artículo 2 de la Constitución mexicana. Este artículo garantiza el respeto y la participación de los pueblos originarios en decisiones que afectan sus derechos y territorios. La falta de diálogo con agricultores y ganaderos también ha generado incomodidad, pues muchas comunidades consideran que la ley no refleja sus intereses ni sus necesidades, especialmente en regiones donde el acceso al agua es escaso. La situación llevó a algunos actores sociales a anunciar que utilizarán mecanismos legales para impugnar la normativa y exigir un proceso transparente y respetuoso con los derechos ancestrales. La polémica se intensifica en medio de una crisis hídrica que afecta diversas entidades, incluyendo Chihuahua, donde recientes lluvias no han aliviado la problemática de sequía que enfrenta el estado. Expertos destacan que la ausencia de consultas puede generar conflictos sociales y afectar la estabilidad de comunidades vulnerables, que requieren decisiones consensuadas y respetuosas de su biodiversidad y cultura.
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