La nueva normativa permite requerir allanamientos y uso de fuerza para garantizar comparecencias, aumentando el alcance de las investigaciones parlamentarias. Una comisión investigadora en el Congreso ha aprobado un reglamento que refuerza sus facultades para convocar y hacer comparecer a funcionarios públicos. Entre las medidas autorizadas, destaca la posibilidad de solicitar órdenes judiciales para realizar allanamientos, secuestros de documentación y el uso de la fuerza pública en casos de resistencia. Estas disposiciones buscan fortalecer los mecanismos para obtener información relevante sin vulnerar garantías constitucionales, aunque generaron debate sobre los límites jurisdiccionales. La normativa fue respaldada por la mayoría de los integrantes de la comisión, que argumentan que moderniza las herramientas de investigación parlamentaria y permite acceder a información crucial para esclarecer irregularidades. Además, la comisión solicitó respuestas a preguntas específicas al líder del partido opositor, Javier Milei, relacionadas con sus negocios y reuniones, en un intento de profundizar en la transparencia del proceso. La incorporación de estas facultades refleja un enfoque más contundente para investigar a funcionarios y actores relevantes, asegurando la cooperación sin comprometer derechos fundamentales, y responde a la creciente demanda de mayor eficacia en las pesquisas legislativas.
Sábado, 9 de mayo de 2026
