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Política

Comision para la Reforma Electoral de Sheinbaum: Conoce a los 7 integrantes

Conoce a los siete integrantes de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral en México y sus funciones en el proceso de cambios en el sistema electoral.

Por Redacción2 min de lectura
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La Secretaría de Gobernación y altos funcionarios conforman el órgano que definirá el proceso de reforma electoral en México En los próximos diez días, se instalará formalmente la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, un órgano cuya creación ha generado controversia en el contexto político actual. La publicación en el Diario Oficial de la Federación reveló los nombres de los integrantes que conformarán esta comisión, la cual estará integrada por altos funcionarios del Gobierno de México y dependerá directamente de la Presidencia de la República. La comisión estará presidida por Pablo Gómez, quien fuera titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Además, contará con la participación de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; la consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy Ramos; y el coordinador de asesores de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas. También forman parte Lázaro Cárdenas Batel, jefe de la Oficina de la Presidencia; Arturo Zaldívar, coordinador de política y gobierno; y José Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital. La función principal de este órgano, según lo establecido en el Diario Oficial, será convocar a la ciudadanía para expresar su opinión sobre la reforma electoral que se propone para México. Además, tendrá la responsabilidad de realizar estudios, análisis y propuestas relacionadas con la modificación del sistema electoral nacional. La comisión también podrá formar grupos de trabajo que considere necesarios para cumplir con sus objetivos y elaborar su reglamento interno, que regirá su funcionamiento. Asimismo, la comisión podrá invitar a representantes de dependencias, entidades, instituciones públicas o privadas de los tres órdenes de gobierno, así como de organismos autónomos, instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil. Estas participaciones serán con derecho a voz, pero sin voto, permitiendo así una participación amplia y plural en el proceso de discusión y formulación de

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