La Corte Suprema de Justicia de México aplazó hasta 2026 la resolución sobre la constitucionalidad de la uso de prisión preventiva oficiosa, en medio de reclamos por su impacto en derechos humanos y seguridad pública. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha decidido postergar hasta 2026 la revisión de la legalidad y aplicación de la prisión preventiva oficiosa en México, un mecanismo que ha generado controversia por su uso masivo y sus implicaciones en derechos humanos. Actualmente, más de 50,000 personas, aproximadamente el 22% del total de privadas de libertad en el país, permanecen bajo esta figura, que permite a las autoridades detener y mantener en prisión a individuos sin una orden judicial formal por periodos prolongados. Este retraso en la resolución se produce en medio de críticas a la estrategia de seguridad adoptada desde hace años, que ha incrementado el uso de la prisión preventiva para delitos considerados de alto impacto. La medida ha sido señalada por expertos y organismos internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por su falta de efectividad en disminuir los índices de violencia y homicidio, que en 2023 alcanzaron cifras cercanas a los 30,000 casos. La persistencia del mecanismo también ha generado diversos casos de violaciones de derechos, incluyendo prisiones prolongadas sin condena comprobada y sentencias controvertidas. A lo largo de los años, diferentes instancias judiciales y organismos civiles han solicitado que la Corte declare la inconstitucionalidad y ponga fin a su aplicación excesiva. La política que respalda el uso de esta figura ha sido sustentada por diferentes administraciones, argumentando que su eliminación pondría en riesgo la seguridad y la protección de testigos y denunciantes. Sin embargo, estudios independientes evidencian que, en regiones donde se ha reducido su uso, la calidad del sistema de justicia y los niveles de seguridad han mejorado, cuestionando su efectividad como estrategia de co
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