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Corte discute límites a la prisión preventiva oficiosa en su último periodo

La Suprema Corte discutirá en agosto proyectos para limitar o eliminar la prisión preventiva oficiosa, en busca de garantizar derechos y estándares internacionales.

Por Redacción3 min de lectura
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación abordará en agosto proyectos para limitar o eliminar esta figura judicial La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se prepara para su último periodo de sesiones del año, en el que abordará proyectos clave relacionados con la figura de la prisión preventiva oficiosa. La presidenta del máximo tribunal, Norma Lucía Piña Hernández, inauguró este lunes el segundo periodo de sesiones de 2025, estableciendo que en su sesión final, prevista para el 12 de agosto, se discutirán dos propuestas que buscan limitar o eliminar esta práctica judicial. Estas propuestas corresponden a los proyectos número 20 y 21, presentados por los ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo y Ana Margarita Ríos Farjat, respectivamente. Ambos plantean cambios sustanciales en la aplicación de la prisión preventiva oficiosa, que ha sido objeto de debate en los últimos años en México. El proyecto de la ministra Ríos Farjat, que lleva más de un año en espera, propone declarar inconstitucional la reforma de febrero de 2021 que amplió los delitos en los que se aplica esta medida. La iniciativa busca que la prisión preventiva oficiosa sea considerada una excepción y no la regla, en línea con estándares internacionales de derechos humanos. Según el análisis del documento, la ministra Ríos Farjat sostiene que la ampliación a 45 delitos para su imposición viola principios constitucionales y derechos humanos fundamentales. La propuesta señala que, al normalizar su uso en tantos delitos, se vulnera la presunción de inocencia y se afecta la protección de derechos de las personas. El proyecto establece que la prisión preventiva oficiosa solo debe aplicarse en casos donde no existan otras medidas menos gravosas que aseguren la comparecencia del acusado, la protección de víctimas y testigos, y la investigación en curso. La ministra argumenta que la medida debe ser utilizada de forma excepcional, en consonancia con las obligaciones internacionales. Por su parte, el proyec

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