La elección popular de jueces y magistrados ha paralizado la justicia, poniendo en riesgo derechos y la independencia del sistema judicial mexicano. La función judicial en México, diseñada para proteger derechos fundamentales frente a la autoridad mayoritaria, enfrenta una severa crisis tras la implementación de recientes reformas que introdujeron la elección popular de jueces y magistrados. Aunque en su origen el cambio buscaba acercar la justicia a la ciudadanía, en la práctica ha generado una parálisis judicial significativa, afectando procesos clave y la protección de derechos básicos. Durante décadas, el sistema de carrera judicial federal promovió la selección por méritos, garantizando independencia y profesionalismo en los tribunales. Los aspirantes debían acreditar conocimientos técnicos y experiencia mediante procesos transparentes, con evaluaciones periódicas a cargo del Consejo de la Judicatura Federal. Este modelo sostenía una judicatura especializada, capaz de afrontar desafíos en derechos humanos, igualdad y control constitucional, sin depender de la popularidad o influencias políticas. La reciente reforma, que ha sido interpretada por algunos actores como un experimento democrático, ha provocado retrasos en horarios, suspensiones en funciones y una pérdida de credibilidad en los órganos judiciales. La asignación de jueces y magistrados se hizo de manera expedita, sin garantizar perfiles idóneos ni experiencia suficiente, lo que ha derivado en decisiones de menor calidad, votos dispersos y conflictos internos. Como consecuencia, delitos en curso, casos de derechos violados y litigios empresariales permanecen varados, afectando a comunidades vulnerables, víctimas de violencia, indígenas y pequeños empresarios. La justicia, que debió ser un garante de estabilidad y protección, ahora es considerada una institución en pausa, poniendo en riesgo la libertad y el patrimonio de millones. Además, la presencia de irregularidades en las primeras sesiones de la nu
Miércoles, 13 de mayo de 2026
