El patrimonio del senador y secretario de Gobernación ha reducido significativamente, generando cuestionamientos sobre su origen y legalidad. En el transcurso de cinco años, el patrimonio del senador y actual secretario de Gobernación ha mostrado una considerable disminución, pasando de una declaración de bienes valorada en aproximadamente 34 millones de pesos en 2019 a solo 3.5 millones en 2025. Esta caída ha suscitado alertas y debates sobre la legitimidad y origen de sus bienes, especialmente al comparar los activos reportados en diferentes periodos. Inicialmente, en 2019, reportó tener un patrimonio que incluía diez millones de pesos en mobiliario, divisas de oro y monedas, además de joyas, tres vehículos y varias propiedades. Algunas de estas estaban a su nombre y otras a nombre de su esposa o dependientes, totalizando bienes valuados en más de 30 millones de pesos. Sin embargo, en su última declaración, realizada en 2024, únicamente declaró haber heredado dos terrenos por un valor de 3.5 millones de pesos, sin referencia a las posesiones anteriores. Expertos en transparencia y anticorrupción han pedido que las autoridades investiguen a fondo esta notable reducción, ya que la evolución patrimonial sin explicación clara genera suspicacias. La falta de consistencia en las declaraciones patrimoniales pone en duda la legalidad del origen de sus bienes y refuerza la necesidad de mecanismos más rigurosos para controlar el patrimonio de los funcionarios públicos. El Sistema Nacional Anticorrupción ha solicitado oficialmente que se realice un análisis exhaustivo de los antecedentes patrimoniales del legislador, en un intento de esclarecer la discrepancia y fortalecer la confianza en las instituciones. Con estos antecedentes, la situación reitera la importancia de mantener estándares estrictos en la declaración de bienes y promover una mayor transparencia en el servicio público, para evitar que las sospechas de enriquecimiento ilícito afecten la credibilidad de los acto
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