Acusan a 253 legisladores de cobrar recursos millonarios sin cumplir con obligaciones de transparencia y reporte, generando posibles irregularidades legales. Un total de 253 diputados del partido Morena en la Cámara de Diputados enfrenta señalamientos por la presunta recepción de más de 100 millones de pesos destinados a atención ciudadana y asistencia legislativa, fondos que, según diversas fuentes, no han sido comprobados con documentación oficial. La sospecha surge tras detectar que estos legisladores habrían cobrado aproximadamente 745 mil pesos cada uno, en concepto de oficina de enlace, sin que se haya evidenciado la existencia efectiva de dichas oficinas, ya sea física o virtual, en línea con las disposiciones establecidas en el reglamento interno del Congreso. Estudios y auditorías internas revelaron también que una parte significativa de los diputados no ha presentado informes legislativos anuales, incumpliendo obligaciones de transparencia y rendición de cuentas. Estas irregularidades fueron identificadas desde principios de septiembre por integrantes del grupo parlamentario, quienes emitieron un oficio para solicitar la comprobación de los gastos y el correcto uso de los recursos públicos asignados. En caso de no justificarse, la normativa establece que dichos fondos deberán ser devueltos. La situación refleja un posible incumplimiento de los artículos del reglamento interno que regulan la gestión de recursos y el vínculo con las comunidades representadas, lo que ha generado inquietudes sobre la transparencia en el manejo de recursos públicos en el Congreso federal. Diversos legisladores han comenzado a crear plataformas digitales para demostrar el destino del dinero, buscando fortalecer la vigilancia ciudadana sobre la gestión parlamentaria. Este caso subraya la importancia de garantizar mecanismos de control y transparencia en el uso de fondos públicos. La vigilancia de los órganos internos y la participación ciudadana son clave para prevenir actos que
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