La Defensoría Pública presenta una acusación contra un juez en funciones en el Estado de México por presuntos cobros ilícitos relacionados con procesos de libertad y beneficios judiciales. La Defensoría Pública Federal formalizó una denuncia contra Miguel Ernesto Leetch San Pedro, quien desde hace varias semanas ocupa un cargo como magistrado en materia penal en el Estado de México. La denuncia surge en medio de sospechas sobre conductas irregulares previas a su nombramiento, cuando aún contendía en procesos de selección judicial. El magistrado, con una trayectoria de 14 años en el Instituto Federal de la Defensoría Pública, es señalado por cobrar sobornos a personas a las que debería brindar atención gratuita, en momentos clave del proceso para su eventual designación judicial. El caso involucra particularmente a Karel Angélica Ramírez Rojas, quien habría entregado 126 mil pesos para cubrir gastos de desplazamiento y diligencias relacionadas con su esposo, detenido en 2022 por tráfico de migrantes. Además, se le atribuye haber solicitado entre 300 y 500 mil pesos con la intención de sobornar a fiscales para facilitar la liberación del ciudadano marroquí, utilizando el mecanismo legal conocido como criterio de oportunidad que permite beneficios judiciales en casos específicos. La denuncia revela un patrón de acciones que comprometen la integridad del sistema judicial en un contexto donde los valores del Poder Judicial han sido cuestionados en varias ocasiones. Es importante destacar que, durante su campaña para convertirse en magistrado, Leetch San Pedro promovió un lema centrado en "Recuperar valores del Poder Judicial", lo que contrasta con las sospechas de conducta irregular que ahora enfrentan. La denuncia evidencia la necesidad de reforzar los controles internos y la transparencia en los procesos de selección y operación judicial en México, donde la confianza en las instituciones es fundamental para la democracia y el estado de derecho. El caso continúa en inve
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