La Defensoría Pública acusa a un magistrado en el Estado de México por cobros ilícitos a una mujer vinculada a un detenido por tráfico. La denuncia surge a pocos días de su incorporación al cargo. Una denuncia formal presentada por la Defensoría Pública federal señala a Miguel Ernesto Leetch San Pedro, quien fue designado como magistrado en materia penal en el Estado de México, por presuntos actos de corrupción vinculados a sobornos. La acusación revela que, durante su campaña por el puesto judicial, Leetch San Pedro solicitó pagos ilegales a una ciudadana a cambio de beneficios judiciales. La denuncia se hizo pública después de que se conociera que trabajó en el Instituto Federal de la Defensoría Pública durante 14 años, donde supuestamente cobraba por servicios que debían ser gratuitos. El caso específico involucra a la esposa de un ciudadano marroquí detenido por tráfico de indocumentados. Leetch habría pedido una cantidad cercana a los 126 mil pesos para cubrir gastos y diligencias. Además, se le atribuye haber solicitado entre 300 y 500 mil pesos con el fin de sobornar a la Fiscalía General de la República y conseguir la liberación del detenido mediante un beneficio legal conocido como criterio de oportunidad. La publicación de estos hechos coincide con el reciente nombramiento de Leetch San Pedro, quien en campaña propagaba un lema centrado en “recuperar valores del Poder Judicial”, lo que añade un contexto de contraste a las acusaciones en su contra. Estos actos presuntamente contravienen los principios de integridad y transparencia que deben regir la función judicial y ponen en evidencia la necesidad de mayores controles en los procesos de selección de los magistrados. La denuncia oficial marca un punto de inflexión en la lucha contra la corrupción en el sistema judicial mexicano y refleja la importancia de mantener la confianza pública en las instituciones.
Miércoles, 13 de mayo de 2026
