La contratación de un seguro de vida para altos mandos supera en gastos anuales el presupuesto destinado a formación y becas del personal judicial, revelando prioridades que generan cuestionamientos en torno al uso de recursos públicos. El Poder Judicial del Estado de México ha destinado una cantidad significativa de recursos a la contratación de un seguro de vida privado para sus altos mandos y exfuncionarios, alcanzando una inversión de 18.6 millones de pesos. Esta póliza, vigente hasta marzo de 2026, cubre a un grupo de beneficiarios que incluye magistrados, exmagistrados y miembros en retiro, pero no ha sido revelada públicamente la identidad de los favorecidos. La inversión anual en esta cobertura supera con creces el gasto realizado en programas de capacitación y becas para el personal activo, que en 2024 alcanzó los 4.6 millones de pesos. Este patrón de gasto, que ha acumulado más de 80 millones de pesos desde 2017, evidencia la prioridad que otorga el órgano judicial a beneficios para sus altos niveles directivos, en contraste con las necesidades de la mayoría de los trabajadores y la población en general. Datos oficiales muestran que en el Estado de México, más de la mitad de la población laboral no tiene acceso a seguridad social, en un contexto de salarios bajos que oscilan entre 3,460 y 15,000 pesos mensuales. Aunque la ley de contratación pública del Estado permite algunos procesos de adquisición directa para bienes y servicios exclusivos, el gasto en seguros y beneficios similares ha sido cuestionado por su opacidad y potencial desproporcionalidad. La cobertura de la póliza incluye indemnizaciones por fallecimiento o invalidez, gastos funerarios y un esquema de ahorro con rendimientos garantizados, beneficiando a un grupo reducido de beneficiarios con salarios que en algunos casos superan los 133 mil pesos mensuales. Mientras en el ámbito federal se han establecido restricciones para evitar beneficios similares en los poderes judiciales, en el Estado d
Sábado, 9 de mayo de 2026
