A pesar de avances en la tecnología y narrativas oficiales de progreso democrático, persistieron prácticas fraudulentas en procesos recientes que amenazan la estabilidad electoral del país. En el marco de las elecciones mexicanas, la percepción de que el país ha avanzado hacia una democracia auténtica es puesta en entredicho por recientes hechos que evidencian la existencia de prácticas fraudulentas persistentes. Aunque el país ha logrado eliminar antiguos métodos de manipulación electoral, como urnas embarazadas o la famosa tamalada, nuevos tipos de fraudes han emergido, poniendo a prueba la integridad del sistema democrático. Uno de estos casos ocurrió en la elección presidencial de 2024, cuando diversos actores políticos adelantaron ilegalmente la selección de candidatos, en vías de definir sus postulaciones con meses de anticipación a lo establecido en la ley. El partido en el poder, Morena, junto con sus aliados, movilizó recursos públicos y medios oficiales para promover de manera ilegal a sus figuras candidatas, generando un sesgo en la competencia electoral. Además, el proceso de asignación de escaños en la Cámara de Diputados reveló una sobrerrepresentación que excede los límites constitucionales, consolidada con el consentimiento del Tribunal Electoral, y que distorsiona la voluntad popular reflejada en las urnas. Por otra parte, la elección judicial mostró irregularidades alarmantes, con la reaparición de las casillas zapato y la participación masiva y cuestionable del 100% del padrón electoral en algunas casillas, además de candidaturas que lograron votos unificados en cifras que parecen sobrar del contexto real. La propaganda ilegal, financiada por partidos políticos y gobiernos, mediante guías de votación y otros mecanismos, evidenció un incumplimiento sistemático de las reglas electorales. Estos ejemplos ilustran cómo el fraude electoral, en distintas formas y escalas, continúa siendo una amenaza latente, requiriendo cambios profundos en la legislació
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