La designación de Giselle Castelnuovo en la lista libertaria genera polémica por su rol en la gestión de financiamiento y supervisión electoral. La inclusión de Giselle Castelnuovo en la décima posición de la lista electoral de la provincia ha despertado cuestionamientos por su puesto en la estructura de financiamiento y control de las campañas. Castelnuovo, quien ocupa el cargo de Subsecretaria de Asuntos Políticos, también dirige la Dirección Nacional Electoral (DINE), un organismo responsable de la administración del financiamiento partidario y de recursos para campañas nacionales. Su doble función, tanto en el ámbito ejecutivo como en la candidatura, genera inquietudes sobre posibles conflictos de interés. La DINE trabaja en coordinación con actores clave del proceso electoral, incluyendo reuniones con jueces federales para coordinar aspectos logísticos y de implementación del sistema de boleta única. Expertos y dirigentes políticos consideran que, para mantener la transparencia, funcionarios con responsabilidades en temas electorales deberían abstenerse de participar como candidatas. Además, la función de Castelnuovo le permite acceder a información privilegiada y gestionar recursos que, en el ámbito electoral, son limitados a los representantes de los partidos, lo que agrava las dudas sobre la compatibilidad de su candidatura con sus funciones oficiales. La polémica pone en evidencia los riesgos de que roles clave en la administración electoral puedan mezclarse con intereses políticos, afectando la percepción de neutralidad en el proceso.
