La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lidera un plan coordinado para mejorar la legislación, crear unidades especializadas y reducir la victimización por extorsión. En un esfuerzo conjunto para combatir el incremento en los casos de extorsión en México, las autoridades federales y estatales han sellado un acuerdo para fortalecer las estrategias y leyes dirigidas a reducir este delito. De acuerdo con datos recientes, la incidencia de extorsiones aumentó un 23% durante los primeros diez meses del 2025 en comparación con el mismo período de 2019, marcando una de las tendencias más alarmantes en materia de seguridad pública. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo subrayó que uno de los desafíos prioritarios en el ámbito de la seguridad es erradicar la extorsión, una problemática que afecta tanto la percepción ciudadana como la confianza en las instituciones. Para ello, en el Congreso ya se aprobó una legislación que prevé penas de hasta 42 años de prisión, además de que la investigación de estos delitos se realizará de oficio, sin depender de denuncias. Estos cambios legales buscan facilitar una acción más efectiva contra quienes cometen extorsión y mejorar la persecución del delito a nivel estatal y federal. El acuerdo firmado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública contempla la creación y fortalecimiento de unidades especializadas en las fiscalías, además de la elaboración de un manual que unifique los procesos de recepción, investigación y persecución de denuncias. Esta iniciativa refleja un compromiso estratégico para coordinar esfuerzos y reducir la victimización, que, según reportes, muchas veces se registra en las encuestas de victimización y no en las cifras oficiales de fiscalías. Crear canales eficientes y estandarizados para atender las denuncias representa una respuesta crucial ante el aumento de este delito en varias regiones del país, donde la percepción de inseguridad sigue siendo elevada. La importancia de estas acciones radica en la necesidad de for
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