La alcaldesa busca que la ciudadanía decida si el ayuntamiento debe gestionar directamente el servicio hídrico, ante altos costos y necesidades de infraestructura. La municipalización del suministro de agua en Cadereyta de Montes podría implicar una inversión superior a los mil millones de pesos, una cifra que refleja la magnitud del proyecto y los recursos necesarios para modernizar y expandir la infraestructura hídrica. La iniciativa surge del interés de la alcaldesa local, Astrid Ortega Vázquez, quien promovió la realización de un plebiscito para que los habitantes decidan si desean que el ayuntamiento asuma directamente el control del servicio, actualmente gestionado por una autoridad estatal. El proceso aún se encuentra en una etapa preliminar, y la decisión de llevarlo a cabo dependerá de la participación ciudadana y del cumplimiento de ciertos requisitos legales. La infraestructura hídrica existente pertenece a la Comisión Estatal de Aguas (CEA), por lo que, en caso de ser aprobado, el municipio tendría que gestionar permisos ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para perforar nuevos pozos y operar un sistema propio. Aunque la inversión inicial sería significativa, la municipalización también implicaría elevados costos anuales de mantenimiento, estimados en más de 100 millones de pesos, además de una larga planificación que podría tardar más de cinco años en concretarse. Actualmente, Cadereyta ha realizado avances importantes en su servicio de agua potable, incluyendo la implementación de nuevos pozos y la mejora en la distribución. Sin embargo, la alcaldesa busca que la ciudadanía tenga la oportunidad de definir si el municipio debe continuar con estas gestiones o tomar el control total del recurso. En otras partes del país, existen modelos municipales que operan estos servicios con éxito, mediante organismos desconcentrados dependientes de los ayuntamientos, como en San Juan del Río.
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