El cambio normativo pretende fortalecer la atención a la salud y sancionar irregularidades en los aportes de organismos públicos. El Servicio de Pensiones Civiles contempla actualmente un esquema dual: por un lado, garantiza beneficios como la jubilación y pensiones para los empleados del Gobierno del Estado, establecido en la Ley de Pensiones Civiles; por otro, la atención médica se regula a través de un reglamento interno, lo que ha generado incomodidades entre los derechohabientes. Uno de los principales problemas ha sido la omisión en los aportes por parte de algunas instituciones públicas, incluyendo la Universidad Autónoma de Chihuahua y dependencias estatales, lo que ha provocado que las deudas acumuladas no se reflejen en los registros oficiales, permitiendo que las cuentas públicas aprueben los presupuestos sin considerar esas deudas pendientes. En respuesta a esta problemática, un grupo parlamentario está promoviendo una iniciativa para adicionar un capítulo a la ley que establezca sanciones claras a quienes omitan sus contribuciones o proporcionen información falsa. La propuesta contempla penas que varían desde 3 meses hasta 9 años de prisión, dependiendo del monto afectado y la gravedad del delito. Además, se consideran castigos similares para quienes manipulen o destruyan registros o sistemas de información de las instituciones responsables. Sobre este tema, un legislador resaltó la necesidad de elevar a rango de ley el servicio médico, además de revisar la estructura y funciones de la Ley Orgánica de Pensiones para definir con mayor claridad las responsabilidades en la gestión de recursos y garantizar mayor transparencia y eficiencia en la atención a los beneficiarios. La iniciativa busca fortalecer la protección de los derechos de los derechohabientes, optimizar el manejo de recursos públicos y garantizar la sostenibilidad del sistema en el largo plazo.
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