La diputación rechaza la despenalización en una votación cerrada, consolidando su postura pro-vida en medio de un contexto nacional de reformas judiciales. El Congreso del Estado de Guanajuato volvió a decidir que la interrupción del embarazo siga siendo un delito, en una votación que prevaleció con 19 votos en contra y 17 a favor. La mayoría votante, conformada por representantes del PAN, PRI, PRD y algunos del Partido Verde, reafirmó su postura de penalización, ignorando la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que en 2021 declaró inconstitucional sancionar el aborto. Este resultado ocurre en un clima de tensión en el pleno, donde las expresiones y consignas polarizaron el debate. Un grupo de asistentes en galerías clamó “¡Guanajuato es pro vida!”, reflejando la presión social y las divisiones existentes en torno al tema. La bancada con mayor número, liderada por el PAN, mantuvo una postura firme en contra de cualquier cambio en el marco legal, sumando votos de legisladores de diferentes partidos que también rechazaron la modificación. Por otro lado, 17 legisladores, en su mayoría del bloque progresista, votaron a favor de despenalizar el aborto, pero no lograron alcanzar la mayoría necesaria para aprobar la reforma. La decisión mantiene vigente en el estado un marco legal que, a nivel federal, ha sido considerado violatorio de derechos fundamentales como la igualdad y la libertad reproductiva, tras la resolución vinculante de la SCJN. A nivel nacional, el fallo de la Suprema Corte de 2021 marcó un cambio de paradigma, señalando que criminalizar el aborto está en desacuerdo con la Constitución mexicana. Sin embargo, la respuesta de los congresos estatales ha sido variada, con algunas entidades ajustando su legislación y otras manteniendo las penas, como es el caso de Guanajuato, donde las autoridades legislativas refuerzan su postura pro-vida frente a las normativas federales. Este escenario evidencia la confrontación entre avances jurídic
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