El Congresista
Guanajuato

Aprueban la Ley de Indulto para mayores de 70 años en el Estado

La nueva Ley de Indulto en el Estado permitirá liberar a adultos mayores y personas con salud grave, con requisitos y controles estrictos.

Por Redacción1 min de lectura
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La nueva legislación permitirá otorgar indultos en casos de salud grave, vulnerabilidad y mayores de 70, con requisitos específicos y tribunales especializados. En una sesión reciente del Congreso local, se aprobó una reforma al Código Penal que crea la Ley de Indulto, una medida que amplía las condiciones para que ciertos reclusos puedan acceder al beneficio. Esta legislación otorga al Ejecutivo estatal la facultad de conceder indultos en casos especiales, incluyendo a personas que tengan más de 70 años, presenten condiciones de salud graves o sean vulnerables. La decisión responde a una tendencia internacional de ofrecer beneficios penitenciarios a adultos mayores y enfermos, buscando reducir el hacinamiento y respetar derechos humanos. La normativa establece que el otorgamiento del indulto requiere un informe elaborado por las autoridades penitenciarias, en el que se evalúe si la conducta del recluso favorece su reintegración social y si no representa un riesgo para la comunidad. Además, el proceso considerará aspectos individuales como la situación socioeconómica y el impacto del delito en la comunidad. Para analizar cada caso, se conformará un Comité Técnico conformado por varios órganos estatales, quienes emitirán su opinión sobre la viabilidad del beneficio. Es importante destacar que la ley contempla restricciones, exigiendo que quienes hayan sido condenados por delitos graves como feminicidio, secuestro, corrupción o tengan múltiples sentencias, no puedan acceder al indulto. El decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. La iniciativa refleja un interés por humanizar la justicia y tener una mayor sensibilidad hacia grupos vulnerables en el sistema penitenciario. Desde una perspectiva más amplia, esta reforma puede marcar un precedente en la política penitenciaria del estado, promoviendo acciones que combinen justicia, derechos humanos y eficiencia institucional en la atención a las personas privadas de la

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