La estrategia de control y opacidad en México se intensifica, afectando instituciones, justicia y libertades bajo un modelo autoritario que concentra el poder. En los últimos años, México ha experimentado una tendencia que puede entenderse como la 'noroñización' del poder, un fenómeno en el que las instituciones y actores políticos actúan para fortalecer el control del régimen en detrimento de las garantías fundamentales. Casos en estados como Campeche, Sonora y Puebla ejemplifican esta lógica: judicialización de procesos, censura a medios y separación arbitraria de periodistas, además de leyes ambiguas que permiten perseguir a críticos y activistas. Estas acciones reflejan un patrón de utilización del Estado para silenciar voces disidentes y disuadir la crítica pública. Asimismo, el régimen protege a sus aliados en la política, blindándolos frente a acusaciones graves. Por ejemplo, figuras con vínculos polémicos con organizaciones delictivas reciben respaldo explícito de legisladores, mientras otros, como exfuncionarios acusados de delitos sexuales, son resguardados en los recintos legislativos. Estas muestras de complicidad institucional consolidan un entorno donde la justicia se vuelve selectiva y la impunidad predomina. Desde el pasado sexenio, la reconfiguración de la estructura judicial y la eliminación de organismos autónomos han debilitado el equilibrio de poderes. La reforma de la Suprema Corte, la reducción de los márgenes para el juicio de amparo y la desaparición de instituciones como el INAI y el Cofece, han facilitado la concentración del control en el Ejecutivo. Sin estos mecanismos de vigilancia y contrapeso, se construye un aparato estatal que funciona efectivamente como un poder absoluto, disfrazado de democracia formal, donde todo es permitido para quienes detentan la autoridad. Este contexto también se refleja en la ostentación de privilegios por parte de funcionarios del régimen. Personal cercano a los líderes políticos presume de estilos de vid
Sábado, 9 de mayo de 2026
