La violencia ha golpeado nuevamente a la región de la Montaña baja en Guerrero. En las últimas semanas, numerosas familias de las comunidades nahuas en Tula, Xicotlán y Acahuehuetlán, ubicadas en Chilapa, se han visto forzadas a abandonar sus hogares ante una serie de ataques armados, incendios y el uso de drones con explosivos, situación atribuida al grupo delictivo Los Ardillos.
El éxodo ha generado temor y desolación entre los pobladores, quienes han caminado durante horas hacia Alcozacán en busca de refugio. A pesar de los intentos de las autoridades por contabilizar a los desplazados, se estima que más de 300 personas han dejado sus casas, enfrentando condiciones adversas en la naturaleza sin acceso a alimentos ni electricidad.
Los ataques han aumentado desde principios de abril, con un emboscamiento ocurrido el 6 de abril donde un grupo criminal asesinó a cuatro miembros de la policía comunitaria en Xicotlán. Un líder comunitario del Cipog-EZ ha denunciado esta situación, incumpliendo las promesas de seguridad por parte de las autoridades. Menciona que, tras la reducción de la presencia militar, los pobladores se han visto más vulnerables a estas agresiones, que incluyen el uso de ametralladoras y drones.
Desde 2014, esta región ha enfrentado una considerable pérdida de vidas, con al menos 76 asesinatos y 25 desapariciones. En el contexto nacional, el desplazamiento forzado ha alcanzado cifras alarmantes, con más de 28 mil personas desplazadas en 2024, un aumento del 129 por ciento respecto al año anterior, según datos de la Universidad Iberoamericana. A finales de 2024, se estima que alrededor de 390 mil personas viven lejos de sus hogares debido a la violencia criminal.
Los desplazados continúan apelando a la ayuda, ante un futuro incierto marcado por el temor y la inseguridad. La comunidad local insiste en la necesidad urgente de apoyo para garantizar la seguridad de sus familias y el futuro de sus niños.
Con información de razon.com.mx

