Organizaciones criminales diversifican sus actividades, imponiendo 'impuestos' informales que encarecen productos y cierran negocios en varias entidades. La problemática de la extorsión en México ha experimentado un incremento significativo, afectando tanto a comunidades rurales como a sectores económicos diversos. Diversas organizaciones criminales, entre ellas agrupaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación, han diversificado sus actividades ilícitas para obtener mayores recursos, incluyendo la implementación de cuotas o 'impuestos' informales que golpean la economía local. En regiones como Michoacán, productores agrícolas de limón y aguacate deben pagar cuotas que elevan el costo de sus productos en el mercado, ya que las extorsiones afectan la rentabilidad de las cosechas. Un ejemplo destacado es el de agricultores en Tepalcatepec, quienes revelaron que deben pagar alrededor del 5% de sus ingresos para poder continuar trabajando. Estas prácticas ilícitas no solo encarecen los precios de los productos, sino que también generan un impacto negativo a nivel colectivo, disminuyendo la competitividad y forzando en algunos casos el cierre de negocios. En otras entidades, como el Estado de México y Guerrero, la extorsión también ha alterado la economía local. En varias localidades mexiquenses, supuestos sindicatos y establecimientos coludidos obligan a los comerciantes a pagar cuotas que inflan los precios de materiales de construcción, alimentos y otros insumos esenciales. La situación en Guerrero ha llevado al cierre de negocios, como una pozolería en Acapulco afectada por extorsiones que culminaron en un homicidio y el cierre definitivo del establecimiento. Paralelamente, en Taxco, la paralización del transporte público respondió a la violencia generada por extorsionadores que asesinaron a un conductor y amedrentaron a los operarios. Este incremento en la extorsión refleja una problemática que trasciende la inseguridad, afectando directamente la economía y la es
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