La Fiscalía presenta una demanda contra empresas y personas vinculadas al grupo delictivo, en un caso que supera fondos obtenidos en todo el sexenio pasado. La Fiscalía General de la República (FGR) inició una acción legal para la extinción de dominio por un monto cercano a los 1,595 millones de pesos contra presuntos integrantes y empresas relacionadas con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). La demanda, presentada el 4 de noviembre, involucra a dos compañías asentadas en Jalisco y a cinco personas, incluyendo a Óscar Antonio Álvarez González, considerado el principal operador financiero del grupo criminal, quien se encuentra en prisión. Este monto representa aproximadamente el triple de los fondos recuperados en toda la administración anterior mediante procedimientos similares. Entre 2019 y 2024, las autoridades lograron el aseguramiento de 572 millones de pesos en procesos de extinción de dominio, un mecanismo legal que permite la incautación de bienes sin requerir una condena penal previa. Esta diferencia evidencia el incremento en las operaciones y la capacidad del Estado para actuar contra estructuras financieras ilícitas vinculadas al crimen organizado. Dentro de las acciones recientes, la fiscalía también promovió la extinción en contra de Ignacio Corona Vizcaíno, Ignacio Corona Orozco, Luz María del Socorro Orozco Gómez y Silvina González Cobián. Previamente, a inicios de año, se solicitó el aseguramiento de las cuentas de los afectados, que en su mayoría estaban en bancos HSBC, mientras que la de Álvarez González se mantenía en Actinver. Estos procedimientos enfrentan resistencia mediante amparos, pero la ley prevé que la extinción de dominio procede sin necesidad de sentencia penal, consolidando la estrategia del Estado para desarticular a las redes financieras del crimen organizado en el país. La utilización de esta figura jurídica refleja un esfuerzo institucional por destruir las bases económicas de grupos criminales, que cada vez enfrentan ma
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