La familia de las víctimas denuncia impunidad y obstáculos judiciales siete años después del crimen ocurrido en Quintana Roo. A siete años del doble feminicidio que conmocionó a la comunidad de Felipe Carrillo Puerto, la familia Itzá Cobá continúa enfrentando dificultades en la búsqueda de justicia. El 23 de agosto de 2018, una madre y su hija fueron asesinadas en un incidente que, a pesar de las condenas, aún no se ha resuelto completamente, evidenciando posibles irregularidades y obstáculo s en el proceso legal. El agresor, menor de edad al momento del crimen, fue condenado a cinco años de prisión y al pago de una reparación económica, sin embargo, por su insolvencia, los padres del responsable —presuntamente ligados a influencias políticas— no han asumido esa obligación. A pesar de los esfuerzos para cobrar la reparación mediante embargos y demandas civiles, la familia ha encontrado obstáculos, incluyendo cambios de propietario en los bienes embargados y la falta de apoyo institucional. La hermana menor, actualmente de 17 años, ha recibido poca asistencia en aspectos legales y psicológicos, pese a ser considerada víctima del delito. Además, los procedimientos judiciales se han dilatado por recursos legales promovidos por los demandados, lo que ha prolongado la incertidumbre y el sufrimiento de la familia. Desde la perspectiva legal, el proceso civil se encuentra en una etapa de estancamiento bajo la supervisión de autoridades judiciales que, según la familia, han favorecido a los implicados. La denuncia incluye señalamientos de nepotismo y falta de transparencia por parte del Poder Judicial, que no ha garantizado el cumplimiento de la reparación del daño ni una resolución efectiva. La familia emitió un llamado a las máximas instancias judiciales para que intervengan y aseguren que la justicia prevalezca, evitando que la impunidad siga prevaleciendo en casos de feminicidio en la región. Este caso resalta la necesidad de fortalecer los mecanismos de justicia para v
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