El gobernador de Córdoba prepara medidas para afrontar un déficit millonario en la Caja de Jubilaciones, en un escenario marcado por recortes nacionales y tensiones políticas. La gestión del gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, enfrenta una situación económica crítica que obliga a implementar medidas de ajuste en el sistema previsional provincial. Tras la aprobación en primera lectura del Presupuesto 2026, que prevé un rojo financiero cercano a los 820 mil millones de pesos, el mandatario inició acciones para garantizar la sustentabilidad de la Caja de Jubilaciones, uno de los principales gastos del Estado local. En un contexto en el que el Gobierno nacional recortó envíos de fondos y la recaudación cayó, Llaryora propuso aumentar en un 4% el aporte de los trabajadores estatales a la pensión estatal. Esta modificación, que en algunos casos representa una disminución salarial de hasta el 26%, busca cubrir parcialmente un déficit que enfrentará la caja en 2026. La inacción del gobierno central en transferir recursos suficientes, junto con la negativa de enviar fondos adicionales, complica aún más la situación financiera del sistema previsional cordobés, que nunca fue transferido a la administración nacional. Desde su asunción en diciembre del año pasado, Llaryora ha tenido que aplicar al menos dos ajustes similares, anticipando una prolongada etapa de austeridad. La coyuntura nacional, marcada por la llegada de Javier Milei a la presidencia y la incertidumbre económica derivada, intensifica las tensiones entre la provincia y la Nación. Además, el discurso de posibles alternativas como la transferencia de la Caja a embargos sindicales o una consulta popular se descartó en las movilizaciones recientes, que culminaron en reuniones con actores sindicales y políticos para buscar soluciones negociadas. Como parte de las gestiones, el oficialismo cordobés impulsa legislación para blindar la llegada de fondos nacionales a las cajas provinciales no transferidas al sistema f
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