Analizamos los avances y desafíos en la presencia militar en la seguridad y cómo fortalecer las instituciones civiles para combatir la violencia en el país. Desde su creación en 2019, la Guardia Nacional se diseñó como una institución híbrida, con la intención de combinar disciplina militar y liderazgo civil para hacer frente a la creciente inseguridad en México. Sin embargo, la realidad ha mostrado una predominancia de elementos militares, ya que más del 80% de sus integrantes provienen de las fuerzas armadas, con capacitaciones, logística y mando en su mayoría bajo control militar. Aunque la Suprema Corte ha declarado inconstitucional la transferencia operativa a los militares, en la práctica, la Guardia Nacional funciona a todos los efectos como un brazo del Ejército, patrullando las calles con un marco legal aún en disputa. Este modelo de militarización ha demostrado ser insuficiente para disminuir los niveles de violencia, que alcanzan más de 30,000 homicidios al año y una percepción de inseguridad superior al 60%. La estrategia se ha centrado en administrar el problema en lugar de resolver su raíz, pues las instituciones civiles encargadas de la seguridad están debilitadas, con más de 650 municipios sin policías operativos y agentes que ganan salarios precarios, lo que limita severamente su capacidad de respuesta efectiva. El crecimiento del poder militar también es motivo de preocupación. La Secretaría de la Defensa Nacional administra desde aeropuertos hasta obras estratégicas, ampliando su alcance sin plena transparencia. Esto genera un escenario donde, en lugar de limitar la influencia militar, México ha convertido a las fuerzas armadas en actores clave de múltiples áreas, poniendo en riesgo el equilibrio institucional y democrático. El debate abierto en torno a futuras reformas refleja la tensión entre quienes defienden mantener el control militar, quienes exigen restituir la autoridad civil, y quienes proponen modelos mixtos con supervisión ciudadana. En
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