La ilícita extracción y transporte de gas licuado se ha incrementado en el país, afectando seguridad y economía, con los principales focos en ciertas regiones clave. El robo de gas licuado de petróleo, conocido como "huachigas", ha experimentado un crecimiento acelerado en México durante el último año, generando riesgos considerables para la seguridad de las comunidades y la economía nacional. La problemática, que involucra tomas clandestinas y transporte ilegal, ha aumentado desde principios de 2024, elevando su participación en la producción total de hidrocarburos desde un 2.6% en el primer trimestre a más del 35% en el segundo trimestre del mismo año. Esta tendencia se concentra principalmente en estados como Hidalgo, Puebla y el Estado de México, donde las redes criminales operan a lo largo de los ductos que conectan Veracruz con Ciudad de México, a lo largo de los cuales realizan las perforaciones clandestinas. Estas actividades no solo generan pérdidas económicas, sino también potenciales desastres, ya que el gas robado es almacenado y distribuido en pipas y tambos, facilitando su venta en sectores coludidos o en observancia de las mafias del mercado ilícito. La situación se agrava por la vulnerabilidad de los ductos principales de Pemex, que transportan gas desde Tabasco a Jalisco, los cuales pueden ser comprometidos en estas operaciones ilícitas, poniendo en riesgo tanto la infraestructura como la vida de las personas en caso de explosiones o incendios. El aumento en el robo de gas también se relaciona con cambios en la estrategia gubernamental, que en años pasados limitó el flujo de gasolina por ductos, impulsando una mayor dependencia del gas LP, cuya volatilidad incrementa los peligros asociados y representa un desafío para la seguridad y el abastecimiento energético del país.
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