La institución refuerza su compromiso contra la violencia en el servicio público tras reformas en el Código de Ética y una política de cero tolerancia. En el estado de Hidalgo, el Órgano Interno de Control (OIC) ha dado por concluidos 40 expedientes relacionados con conductas administrativas, de los cuales ocho corresponden a casos de violencia de género. Estas acciones reflejan un compromiso firme con la política de cero tolerancia hacia toda forma de violencia, especialmente en el contexto laboral y de servicio público. La resolución de estos casos se ha fortalecido tras la reciente actualización del Código de Ética, que ahora contempla un análisis más especializado y con perspectiva de género, asegurando mayor rigor en la atención a conductas que vulneran derechos humanos y principios de igualdad. Este enfoque se aplica específicamente en ámbitos donde la complejidad y sensibilidad de las conductas generan un impacto profundo en la integridad institucional y en la protección de los derechos de las víctimas. La política del gobierno estatal busca no solo sancionar, sino también prevenir conductas que atenten contra la dignidad de las personas en cargos públicos, alineándose con los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos y ética pública. El fortalecimiento del marco normativo y la actuación especializada del OIC representan un paso importante para garantizar una gestión pública más transparente y respetuosa. La resolución oportuna de estos casos envía un mensaje claro de que cualquier conducta que atente contra la igualdad será enfrentada con determinación, contribuyendo a reforzar un entorno institucional más justo y respetuoso. En el contexto actual, la lucha contra la violencia de género en el sector público se ha convertido en una prioridad para muchas entidades gubernamentales. La adopción de protocolos especializados y la sanción efectiva son fundamentales para generar confianza social y promover cambios culturales que favorezc
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