La medida permite al acusado continuar su proceso en libertad bajo supervisión, marcando un caso poco frecuente en el sistema judicial mexicano. En un procedimiento judicial reciente, una jueza de control autorizó que un imputado por fraude en perjuicio de una empresa constructora continúe su proceso en libertad mediante el uso de un brazalete electrónico. La decisión se tomó en una audiencia llevada a cabo a mediados de octubre, en la que se estableció la colocación del dispositivo como medida cautelar para garantizar su presencia durante la investigación. El acusado, identificado como José Adrián G.M., fue acusado formalmente por un delito que afecta a una compañía con iniciales Q.H, S.A. de C.V., y actualmente enfrenta un proceso judicial en el estado de Hidalgo. La jueza ordenó que el ingreso al Centro de Reinserción Social en Pachuca fuera únicamente para trámites administrativos, permitiéndole continuar en libertad monitoreada con el dispositivo electrónico. La próxima audiencia está programada para el 21 de octubre, en la que se definirá el avance del caso. Las medidas cautelares con localizadores electrónicos están contempladas en el Código Nacional de Procedimientos Penales para promover la libertad bajo ciertas condiciones, facilitando así que los imputados puedan responder en libertad sin poner en riesgo el proceso, siempre y cuando no exista peligro de fuga o afectación en la investigaciones. La utilización de estos dispositivos en México, aunque vigente, sigue siendo poco frecuente, principalmente por los costos asociados, que suelen cubrirse por el propio imputado o su familia. El servicio de monitoreo digital es proporcionado por empresas privadas que ofrecen equipos con rastreo en tiempo real y alertas geográficas, cuyo costo puede variar entre 20 y 25 mil pesos por instalación y una tarifa diaria de 150 a 160 pesos. Este mecanismo busca equilibrar la protección del proceso penal con el derecho del acusado a la libertad.
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