La autoridad electoral inició procedimientos administrativos contra consejeras que participaron en la suspensión del proceso en 2021, en medio de polémicas sobre independencia y legalidad. La Comisión de responsabilidades del Instituto Nacional Electoral (INE) ha iniciado un proceso administrativo en contra de varias consejeras del organismo debido a su papel en la suspensión temporal de la consulta de revocación de mandato en 2021. La medida surge en un contexto en que las decisiones del órgano electoral son sometidas a revisión y cuestionamientos por su independencia y precisión jurídica. En particular, la consejera Dania Ravel ha manifestado públicamente su preocupación por lo que calificó como una persecución por parte de las instancias internas del INE, en respuesta a la respuesta institucional que emitió en ese entonces, cuando votó en contra de la suspensión. La consejera enfatizó que las resoluciones adoptadas por el Consejo General del INE son sometidas a revisión judicial y no deben ser motivo de sanciones por diferencias de criterio tras la votación. Este episodio se remonta a diciembre de 2021, cuando el Consejo General deliberó sobre la realización de la consulta de revocación del mandato presidencial. La decisión de detener temporalmente el proceso fue tomada por seis de los once consejeros, argumentando falta de recursos adecuados debido a recortes presupuestales, postura que fue revertida posteriormente por el Tribunal Electoral. La Suprema Corte de Justicia de la Nación también reconoció en 2022 que el INE actuó de manera eficiente, logrando cumplir con el objetivo de la consulta aun con bajos niveles de participación del 17%. Pese a ello, el proceso administrativo fue reactivado en febrero de 2025, y desde entonces ha generado críticas sobre la manipulación del órgano electoral en un escenario de tensiones políticas y jurídicas. La situación refleja los retos que encara la autonomía del órgano electoral en un contexto de reformas y controversias pú
Temas: