La politización, la falta de actualización jurídica y la ineficacia de la clase política dificultan la estrategia de seguridad en México. La gestión de la seguridad en México enfrenta una crítica constante por la influencia de la política en decisiones operativas y estratégicas. La coordinación entre distintas instituciones se ve distorsionada por intereses electorales, económicos y de costo político, lo que conduce a fracasos en operativo y planificación. Además, muchas veces, cuando ocurren fallas en las acciones policiales o militares, las responsabilidades se diluyen, dejando una percepción de incapacidad en las autoridades encargadas. La falta de un marco jurídico actualizado y bien definido agrava esta situación, ya que los programas y estrategias nacionales, como la Estrategia de Seguridad, no alcanzan a traducirse en acciones concretas debido a vacíos normativos y promulgaciones incompletas. La elaboración de políticas públicas en materia de seguridad ha sido influenciada por administraciones pasadas, dejando un legado de programas sin respaldo legal efectivo. La evidencia sugiere que la clase política mexicana ha demostrado repetidamente su incapacidad para dirigir eficientemente la seguridad, poniendo en duda si ésta debe seguir siendo decisión exclusiva de los gobernantes o si es momento de explorar otros modelos de gestión. La profesionalización y la desvinculación de intereses políticos en esta área podrían ser la clave para mejorar la situación y garantizar un esquema de protección más efectivo para la población.
Sábado, 9 de mayo de 2026
