Adulto mayor deportado en EE. UU. sin acceso a pensión tras 50 años de trabajo

Tras ser deportado por una acusación de drogas sin su conocimiento, un anciano mexicano enfrenta obstáculos para recibir su pensión y recuperar sus derechos sociales. Julio Carrasco Palos, un ciudadano mexicano casi de 80 años, pasó casi medio siglo trabajando en Estados Unidos, acumulando años de aportaciones y pago de impuestos. Sin embargo, hace 14 años fue deportado tras ser víctima de un engaño, en el que le colocaron una maleta con alrededor de 50 libras de marihuana sin su conocimiento. La deportación, considerada injusta por el afectado, ha sido un obstáculo para acceder a la pensión que generó durante décadas en el país vecino. El adulto mayor reside actualmente en Tijuana, donde enfrenta dificultades económicas y sociales. Su familia no le mantiene contacto y, tras su deportación, perdió todos sus bienes en Estados Unidos, incluyendo propiedades y vehículos. Además, ha sido informado de que no podrá recibir la pensión adquirida por su trabajo previo hasta que regularice su situación migratoria, una situación que él considera contradictoria y grievance, pues asegura no haber cometido delito alguno. Este caso refleja una problemática recurrente entre migrantes deportados, quienes enfrentan complicaciones para acceder a sus derechos sociales y económicos. La existencia de múltiples casos similares ha sido confirmada por organizaciones de apoyo a migrantes, que denuncian la ironía de que, pese a tener derecho a la seguridad social, las leyes y procedimientos imposibilitan su acceso si no están en territorio estadounidense. La situación de Carrasco pone en evidencia la necesidad de revisar las políticas migratorias y las protecciones sociales para aquellos que han contribuido por décadas en el país vecino, pero enfrentan segregación social por decisiones ajenas a su voluntad. El contexto internacional revela un incremento en deportaciones y en la vulnerabilidad de migrantes en situación irregular, lo que subraya la importancia de políticas que salvaguarden sus