La venta de la principal productora de fertilizantes nacionales genera tensiones internas y cuestionamientos sobre su influencia en decisiones clave del gobierno. En un movimiento que ha generado preocupación en el sector agroindustrial, la transferencia de control sobre la empresa de fertilizantes Profertil ha provocado tensiones internas en las grandes firmas del rubro. La operación, que culminó con la venta del 50% a Adecoagro, fue gestada en medio de un contexto de crisis política y económica, lo que suscita sospechas sobre las motivaciones y la transparencia del proceso. Profertil, considerada la principal planta de producción de urea y amoníaco en Argentina, desempeña un papel estratégico en la cadena productiva agrícola del país. La fertilizante que produce es esencial para la nutrición de los cultivos de soja y otros granos de exportación. La planta demanda un volumen significativo de gas natural diario, insumo controlado por políticas de Estado que asignan y regulan su distribución mediante mecanismos fiscales y de contrataciones específicas. Lo que ha encendido las alarmas en el sector es la participación del viceministro de Energía, responsable del diseño y ejecución de los contratos de gas, en una operación que parece privilegiar intereses particulares. La adquisición por parte de Adecoagro, cuyo capital está vinculado al sector financiero y al mundo de las criptomonedas, ha sido vista como una maniobra que podría limitar la competencia y favorecer intereses externos a la producción nacional de alimentos. Analistas del sector argumentan que la concentración de acciones en manos de grupos ajenos a la agroindustria podría afectar la estabilidad y el desarrollo sostenible del sector agrícola. La integración vertical, que combina producción, comercialización y exportación, es vista como una estrategia clave para reducir costos y mejorar márgenes, por lo que la posible pérdida de control sobre Profertil preocupa a productores y exportadores locales. Este movi
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